El Congreso de los Diputados aprobó el martes por amplia mayoría el texto definitivo de la Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que garantiza la prestación de un servicio postal universal, público y de calidad en España.
La Ley, que transpone una directiva comunitaria, establece reglas de juego más equilibradas entre los diferentes operadores postales para asegurar la calidad, la eficacia y la efectividad del mercado postal español. Se consigue así garantizar los derechos de los usuarios de los servicios, en su faceta de remitentes o de destinatarios de los envíos postales, y el mantenimiento del empleo de calidad en el sector.
La nueva ley configura un servicio postal universal de calidad de acuerdo con las demandas de los usuarios, tanto de los grandes clientes como de los pequeños usuarios, fijando un catálogo de derechos de éstos, el primero de los cuales es el derecho a disfrutar de un servicio postal universal de buena calidad.
Servicio postal universal
El servicio postal universal (SPU) es un conjunto de servicios de calidad prestados de forma permanente en toda España, a precios asequibles para todos los usuarios, conforme a los principios de no discriminación, continuidad en el servicio y adaptación a las necesidades de los usuarios.
El ámbito de este servicio incluye las cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso y los paquetes postales de hasta 20 kilogramos, frente a los 10 kilogramos que fijaba la ley anterior. La Ley amplía y consolida el SPU como derecho de los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar de su residencia.
Correos, como prestador del servicio SPU debe mantener una red con cobertura en todo el territorio español, incluidas las zonas con baja densidad de población y muy especialmente en el medio rural. A través de la red postal debe darse un servicio de, al menos, una recogida y una entrega diarias, de lunes a viernes.
La nueva ley crea un fondo de financiación del servicio postal universal y garantiza que los presupuestos generales del Estado se harán cargo de sus necesidades de financiación. Para ello se establecen dos nuevas fuentes de ingresos: por una parte la contribución de los operadores postales, incluido Correos, por un 0,5 % del importe neto de su cifra de negocios en el ámbito del servicio postal universal, y, por otra, una tasa por la concesión de autorizaciones administrativas singulares, que habilitan para realizar servicios postales en el ámbito del servicio postal universal.
Correos, prestador del Servicio Postal Universal
Correos es designado como prestador del servicio postal universal en toda España por un periodo de 15 años, con revisiones quinquenales del cumplimento de las obligaciones de servicio público que se le imponen.
Además del derecho a percibir íntegro del total que suponga la carga financiera injusta por la prestación del servicio postal universal se le dan otra serie de garantías como son el uso exclusivo del término “España” y la denominación “Correos”. Asimismo, es el único operador facultado para recibir con fehaciencia solicitudes de los usuarios a las Administraciones públicas y distribuir notificaciones de órganos administrativos y judiciales en los términos que fija la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Estas obligaciones de servicio público garantizan que el empleo en Correos no va a sufrir recortes como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley. La Ley establece también que la vulneración de la normativa laborar y del respeto a las condiciones laborales de los trabajadores del sector queda tipificada como infracción postal muy grave.
La Ley configura, además, el acceso a la red de Correos de los operadores privados garantizando que este se hará, en todo caso, cubriendo los costes de los servicios prestados por Correos.
Por otra parte, se garantiza el respeto a la integridad de la red postal de Correos asegurando que los envíos de estos operadores competidores se presenten en los centros de admisión masiva y que deban continuar en la red de Correos hasta su distribución final. Correos negociará los contratos de acceso con los operadores interesados, aunque la Comisión Nacional del Sector Postal dirimirá las controversias que pudieran surgir.
