Un transportista se gasta 1.151 euros más al mes en gasóleo de lo que pagaba hace un año, lo que al cabo del ejercicio se convierten en 13.820 euros de pérdida por vehículo. Este dato significa que el sector guipuzcoano va a perder alrededor de 71 millones de euros al año, según las estimaciones de la Asociación de Empresarios del Transporte de Gipuzkoa (Guitrans).
El precio del gasóleo se ha incrementado un 47% en los últimos dos años. El dato es demoledor para los transportistas guipuzcoanos, que se sienten «abocados a la ruina» y absolutamente desamparados por parte de la Administración ante las grandes multinacionales. Según el observatorio de costes del Ministerio de Fomento, el gasoil supone un 34% del total de costes de explotación de una empresa de transporte, lo que hace entendible el descontento de las empresas.
Ignacio Cepeda, presidente de Guitrans, señala que el problema es que «esta subida en el precio del gasoil no está siendo repercutida en los precios, que sufrieron un grave recorte en el inicio de la crisis». El propio Cepeda califica la situación de «alarmante». No en vano, Gipuzkoa cuenta con 559 empresas de transporte menos que en 2008. Si atendemos a datos estatales, la situación no es mejor, 21.732 empresas han tenido que echar el cierre en el mismo periodo de tiempo.
«Los socios de Guitrans no son ajenos a esta problemática y están sufriendo el embate de esta grave crisis. Muchas empresas han tenido que cerrar, otras han reducido su estructura y están realizando EREs con el objeto de no sucumbir», señaló Cepeda.
Con el fin de revertir esta preocupante situación, Guitrans plantea una serie de medidas. En primer lugar, la Administración tiene que «obligar» a las entidades financieras a conceder créditos a las empresas.
También reivindican que el Ejecutivo tenga una especial «sensibilidad» y establezca elementos que «amortigüen la fluctuación del precio del petróleo», a la par que se entienda que medidas como el establecimiento de nuevos peajes, «no hacen sino empeorar la delicada situación del sector».
El plazo de los pagos es otro tema candente. La asociación de transportistas apuesta por plazos de pago «razonables», para lo que es necesaria una normativa «exigente» e «imperativa».
Cepeda también carga contra la Administración al pedir que se «equiparen» las ayudas destinadas al transporte con las que se destinan a otros sectores, además de pedir que se «modifique» el baremo sancionador «desproporcionado y con claro afán recaudatorio» que acrecenta la penuria de las empresas.
A su vez, el presidente de Guitrans insiste en la necesidad de «perseguir» a las cooperativas fraudulentas que alteran las condiciones del mercado y la competencia. «Ahí sí que tiene que ser durísimo el baremo sancionador, con sanciones tan importantes como las previstas en el baremo francés, que contempla penas de 30.000 euros y prisión para los casos de falsificación y fraude», expresó.
En esa línea, desde Guitrans se apuesta por «la regulación de empresas extranjeras que trabajan con costes y tarifas muy inferiores y que están desmantelando el sector».
Si estas condiciones no se dan, Cepeda vaticina «un sistema de transporte dirigido desde grandes multinacionales, lejanas y sin que los profesionales del camión puedan contar con unas condiciones de vida y trabajo dignas».
Autónomos Más preocupante aún es la situación de los transportistas autónomos. Estitxu Ugarte, portavoz del sindicato Hiru, califica la situación de «insoportable» y denuncia que «la Administración está haciendo todo lo posible para que el transportista autónomo desaparezca».
A la preocupante subida del precio del gasoil se une la nula capacidad del profesional autónomo para negociar. «Los cargadores imponen los precios, sin que podamos repercutir en ellos la subida de los costos», señala Ugarte.
Y es que, en palabras de Ugarte, «la competencia en el sector es salvaje y si el transportista no acepta los precios, ya vendrá otro que lo haga por menos dinero».
Esta situación está desembocando en el abandono de la profesión por parte de muchos profesionales. Las autorizaciones de transporte en Gipuzkoa han descendido en 1.505 durante el último año. Algunas de ellas pertenecían a grandes empresas de transporte; sin embargo, la inmensa mayoría eran de trabajadores autónomos que no han podido superar la crisis del sector.
Ugarte arremete contra la Administración al preguntarse «si harán algo más que establecer el peaje de Etxegarate y seguir metiendo la mano en el bolsillo de los transportistas». «La Diputación Foral de Gipuzkoa no puede dejar desamparados a 6.000 transportistas», concluye la representante de Hiru.
