La ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmó el pasado lunes que el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que presentará el próximo mes de julio con horizonte 2024, tendrá como señas de identidad la eficiencia, el rigor y la planificación exhaustiva. En materia de financiación, la ministra explicó que, además de los recursos presupuestarios y los provenientes de la Unión Europea, se va a buscar una mayor colaboración público-privada.
Pastor aseguró en la inauguración del curso de verano, “Hacia un nuevo modelo de gestión de infraestructuras de transporte”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que se está trabajando para identificar proyectos en los que las nuevas fórmulas de colaboración público-privada sean visibles y sostenibles. Este nuevo modelo busca adelantar las inversiones que tengan claros efectos positivos como la generación de riqueza y empleo para que, de esta manera, el Gobierno pueda destinar a otros servicios o prestaciones los recursos que se utilizarían para el desarrollo de las propias infraestructuras.
Además de esto, la ministra indicó que resulta fundamental priorizar las inversiones que mejor ratio coste-beneficio tengan y que, por tanto, sirvan para aportar valor a la sociedad. Un mejor desarrollo en infraestructuras servirá para contribuir al desarrollo económico del país y a la creación de empleo.
Autopistas de peaje y expropiaciones
España cuenta con una red de alta capacidad (autovías y autopistas) de 14.000 kilómetros -más 1.300 en construcción-, la más extensa de Europa. Este 2012 se van a destinar 873 millones de euros del presupuesto a la conservación de carreteras y seguridad vial, 250 millones al pago de obras ejecutadas en 2011, otros 250 millones a liquidaciones de obras que ya están en servicio y 600 millones al pago de expropiaciones de ejercicios anteriores.
En lo que a las autopistas de peaje se refiere, Pastor afirmó conocer la delicada situación que vive el sector y recordó que en los presupuestos de 2012 el Gobierno ha consignado una partida de 290 millones de euros destinada a créditos participativos para que las empresas concesionarias afronten los sobrecostes derivados de las expropiaciones. Además, explicó que se han extendido hasta el año 2021 las cuentas de compensación, que finalizaban en 2012, y que, más allá de estas medidas, Fomento tiene la intención de mejorar la legislación de expropiación forzosa, regular los incrementos de capacidad de los corredores alternativos y hacer un reparto equilibrado de riesgos entre concedentes y concesionarios.
