El sábado 1 de enero entraron en vigor las nuevas tarifas de peaje de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, y cuya revisión anual se realiza en el marco de la Ley 14/2000, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Concretamente, las tarifas que se aplican desde el 1 de enero de 2011 suponen un incremento sobre las vigentes por debajo de la inflación prevista, según el Ministerio de Fomento. El aumento ha oscilado entre el 1,16% en la autopista Estepona-Guadiaro y el 1,64% en las autopistas de Aumar.
Excepcionalmente, en la autopista Villalba-Adanero, de acuerdo con el Real Decreto 1467/2008, de 29 de agosto, por el que se aprueba un convenio para la mejora del tramo San Rafael-Villacastín de la autopista AP-6, se han revisado sus tarifas con un incremento del 3,25%.
Igualmente, en cumplimiento del Real Decreto 1770/2010, de 23 de diciembre, en las autopistas R-3, Madrid-Arganda del Rey y R-5, Madrid-Navalcarnero, las tarifas punta aumentan un 3,43%.
Según establece la Ley, las sociedades concesionarias de autopistas de peaje presentan ante el Ministerio de Fomento, a través de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, sus solicitudes de revisión y de aprobación de tarifas. Las tarifas son examinadas por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para comprobar que se ajustan a la fórmula de revisión establecida en la Ley. Esta fórmula consiste, básicamente, en aplicar un coeficiente en las tarifas igual a la variación de la media de los índices de precios de consumo correspondientes a los doce meses anteriores (noviembre 2009 a octubre 2010) respecto a la media de los doce meses precedentes (noviembre 2008 a octubre 2009), corregido para cada autopista en función de la variación del tráfico en la misma respecto al previsto en su plan económico financiero.
