La Cámara de Comercio de Barcelona ha valorado el impacto que tendrá sobre las empresas catalanas y la economía en general, la medida aprobada por el Gobierno el pasado 19 de agosto de aumentar los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades para las empresas que facturan más de 20 millones de euros.
La institución manifiesta que las empresas que más notarán el aumento de los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades serán las empresas de más de 60 millones de euros, dado que su tipo fraccionado aumenta un 28,6% (pasa del 21% al 24%). En cambio, para las empresas que facturan entre 20 y 60 millones de euros, el aumento no es despreciable, de un 14,3% (pasa del 21% al 27%), y sobre todo es más preocupante porque éstas tienen más dificultades de financiación.
La pérdida de loquidez que supondrá la medida para las empresas de entre 20 y 60 millones de euros se traducirá en un freno a la realización de nuevas inversiones y al crecimiento empresarial, razón por la cual la Cámara la desaprueba.
Por lo tanto, a pesar de que el impacto cuantitativo de la medida recaiga mayoritariamente sobre las empresas de más de 60 millones de euros, el impacto negativo sobre la economía y el crecimiento provendrá del efecto que tenga la medida sobre las empresas que facturan entre 20 y 60 millones.
Según la Cámara de Comercio de Barcelona, también hay que tener en cuenta que del total de empresas catalanas que tienen una cifra de negocios superior a 20 millones de euros, alrededor del 45% facturan en 20 y 60 millones pero estas sólo aportan alrededor del 10% en la facturación del impuesto de sociedades. Esto quiere decir que el número de empresas afectadas por el cambio normativo se podría reducir considerablemente, a casi la mitad, sin que esto afectara significativamente a la efectividad de la medida.
Por todo ello, la Cámara opina que el aumento de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, que en definitiva supone un crédito fiscal a tipo de interés cero desde las empresas al sector público, tendría que limitarse a las empresas más grandes (más de 60 millones de euros) que son las que tienen más capacidad para afrontar esta pérdida de liquidez.
