La Comisión Europea ha emitido unos dictámenes motivados en los cuales exige a Austria, Chequia, España, Finlandia, Francia, Polonia y Portugal que adopten las medidas necesarias para aplicar la Directiva sobre tiempo de trabajo a los conductores autónomos. Si estos Estados miembros no notifican a la Comisión, en un plazo de dos meses, las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE en esta materia, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Directiva 2002/15/CE establece un nivel mínimo de protección social para los trabajadores móviles del transporte por carretera, con el objetivo de mejorar la salud y la seguridad. También quiere garantizar una competencia leal mediante unas condiciones mínimas iguales para todas las empresas que operan en el sector del transporte por carretera en la UE.
Los conductores autónomos no entraban dentro del ámbito de aplicación de la Directiva hasta el 22 de marzo de 2009, pero, a partir de esta fecha, las disposiciones correspondientes se les aplican plenamente.
Los siete Estados miembros mencionados no han notificado a la Comisión que hayan adoptado las disposiciones oportunas para incorporar la Directiva a sus ordenamientos jurídicos y aplicar las normas en materia de tiempo de trabajo a los conductores autónomos.
Si no se cumplen las obligaciones establecidas a la Directiva sobre tiempo de trabajo, los conductores autónomos de algunos Estados miembros podrían hacer caso omiso, en particular en cuanto a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, y esto daría lugar a un marco no armonizado a escala de la UE y a la distorsión de la competencia en detrimento de los Estados miembros que lo han incorporado a sus ordenamientos jurídicos.
La Comisión, el Parlamento y el Consejo debatieron ampliamente la conveniencia de aplicar las normas a los conductores autónomos a partir del momento de expirar la excepción para esta categoría de conductores. A pesar de que la Comisión advirtió de algunas dificultades prácticas a la hora de hacer cumplir las normas a los trabajadores autónomos, el Parlamento insistió en no mantener la excepción.
