La Comisión Europea está preocupada porque España, y también Austria, cumplan su obligación de garantizar la plena transparencia en cuanto a la separación de cuentas en el sector ferroviario, tal como exige la Directiva 2012/34/UE. Uno de los principales objetivos de las normas de la UE es garantizar la transparencia en la utilización de fondos públicos para los servicios de transporte público, con el fin de que los proveedores de servicios de transporte puedan competir en pie de igualdad en beneficio de los usuarios finales.
Por el momento, estos dos países, contraviniendo a las exigencias de las disposiciones de la UE, no garantizan la plena transparencia en la presentación de las cuentas de las empresas ferroviarias, principalmente por lo que respecta a los fondos públicos abonados por los servicios prestados en virtud de las obligaciones de servicio público. Mantener una contabilidad transparente es la única manera de determinar cómo se gasta el dinero público y si se utiliza con fines distintos de los previstos. De hecho, las disposiciones vigentes actualmente en España y en Austria no excluyen que fondos públicos abonados en concepto de obligaciones de servicio público en el transporte de pasajeros se dediquen a subvencionar otros servicios de transporte.
Dado que esta situación contraviene a las normas vigentes de la UE, cuyo objetivo es establecer un mercado interior del ferrocarril en la UE eficiente, sin distorsiones y competitivo, la Comisión envió un dictamen motivado a España y a Austria. A falta de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar a estos países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Protección marítima
Por otro lado, la Comisión también ha pedido a España que aplique correctamente las medidas destinadas a mejorar la protección de sus puertos.
La Comisión Europea ha enviado a España una petición oficial instándola a aplicar correctamente la Directiva sobre la mejora de la protección portuaria (2005/65/CE) en todos los puertos españoles a los que se aplique dicha Directiva. El principal objetivo de la Directiva es introducir medidas comunes para mejorar la protección portuaria frente a la amenaza de sucesos que afecten a la protección marítima. Muchos puertos españoles aún no han adoptado y aplicado las evaluaciones y los planes de protección portuaria contemplados en la Directiva. Esta última, que constituye un instrumento de política fundamental para la protección marítima, tiene por objeto garantizar un nivel de protección elevado e igual tanto para los pasajeros como para la carga en todos los puertos europeos.
