Según informa Anave, el pasado 14 de mayo se presentó en Amberes un estudio, elaborado por la consultora Portius bajo la dirección del Prof. Van Hooydonk para la Comisión Europea sobre la problemática laboral en los puertos europeos.
Aunque el voluminoso estudio completo (unas 1400 páginas) no se hará público hasta el 19 de junio, sí se distribuyó un amplio resumen (57 páginas) que, entre otras cosas, contiene una ficha-sinopsis de la regulación legal y la situación práctica del servicio de estiba en cada uno de los Estados miembros. Entre otras conclusiones, se señala la existencia en varios países de normas legales y de prácticas que se consideran restrictivas.
La Comisión anunció en la misma jornada que tiene previsto presentar una Comunicación y una propuesta de Reglamento sobre política de puertos y servicios portuarios. Ahora bien, en principio esta iniciativa no afectará, precisamente, al servicio de estiba (que la Comisión prefiere que se regule por medio del “diálogo social”) y tampoco a los servicios al pasaje.
Por tanto, esta propuesta de Reglamento se centrará en dos aspectos: la aplicación de las libertades del Tratado a los demás servicios portuarios y la transparencia de la gestión financiera de las Autoridades Portuarias.
Al final del seminario en que se presentaron el estudio y esta iniciativa, la Comisión dio la palabra a las tres grandes organizaciones empresariales afectadas:
FEPORT (operadores de servicios portuarios y, en particular, operadores de terminales) manifestó su acuerdo con la Comisión al dejar el servicio de estiba al margen del proyectado Reglamento, aseguró que sus empresas están comprometidas con el diálogo social y no descartó la posibilidad de una actuación selectiva respecto de las normas o prácticas restrictivas, allí donde existan.
ESPO (Autoridades Portuarias) lamentó que la Comisión hubiese optado por un sistema de regulación obligatoria en lugar de por uno de directrices o recomendaciones (“soft law”) que, en su criterio, debería también aplicarse a la estiba. Manifestó su preocupación por el hecho de que con el esquema propuesto, el nuevo Reglamento afectará sobre todo a las Autoridades Portuarias.
ECSA (empresas navieras) valoró favorablemente las conclusiones del estudio, que confirman la existencia de normas y prácticas restrictivas en el servicio de estiba. Defendió la aplicación de las libertades del tratado a todos los servicios portuarios, sin exclusiones. Reservó su opinión sobre la propuesta de Reglamento hasta tener la ocasión de analizarlo con detalle.
