El pasado viernes 16 de noviembre se presentó en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en Madrid el informe científico elaborado por la Universidad de Valencia bajo el título “Informe sobre la oportunidad de la proyectada modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en relación con los efectos que la misma implicaría para las cooperativas de Transporte”.
Dicho acto, que contó con la presencia del Presidente del CES, Marcos Peña, y de los tres Catedráticos de la Universidad de Valencia ponentes de dicho informe científico, fue dirigido por el Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte, José Luis Ayuso, quien expuso las principales modificaciones introducidas en la reforma de la ley de transporte terrestre que prepara el Gobierno, las cuales denotan una grave hostilidad hacia las cooperativas de transporte, ya que se introducen nuevas limitaciones y prohibiciones de actuar impidiéndoles continuar desarrollando su actividad, pese a que el cooperativismo de transporte lleva operando en España más de 40 años. Ello traerá como consecuencia la desaparición de la mayor parte de las cooperativas que en la actualidad operan en el sector del transporte por carretera, afectando a los más de 20.000 puestos de trabajo que dependen de ellas. En idénticos términos se manifestó el Vicesecretario General de ATA, Alberto Ara, quien asimismo manifestó el rechazo a la propuesta del Ministerio de Fomento de desregular el transporte ligero, por las consecuencias negativas que ocasionará desde los puntos de vista económico, social, laboral y de seguridad vial
Los tres Catedráticos de la Universidad de Valencia, Pilar Alguacil Marí, Catedrática de Derecho Tributario, Juan López García, Catedrático de Derecho del Trabajo, y Carlos Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo y Director de la Cátedra de Trabajo Autónomo, expusieron el contenido del informe científico que han elaborado, poniendo de relieve las importantes ventajas económicas y sociales que representan las cooperativas de transporte, como una fórmula válida que tradicionalmente ha servido para la concentración de los pequeños transportistas autónomos permitiéndoles acceder a redes de comercialización de su actividad y la compra en común de bienes y servicios. Asimismo destacaron que el cooperativismo de transporte español ha supuesto una importante fuente de creación de empleo estable en el sector, frente a la competencia que se soporta de empresas de terceros países (principalmente del Este de Europa) cuyos camiones trabajan en España. Asimismo las cooperativas de transporte cotizan regularmente a la Seguridad Social y tributan a la Hacienda española, es decir, son agentes económicos que trabajan y generan riqueza en España.
Además, según el citado informe, las cooperativas aportan un elemento fundamental respecto de otros tipos de empresas capitalistas, ya que no sufren procesos de deslocalización, puesto que los socios capitalistas que trabajan en las cooperativas son, fundamentalmente personas físicas enraizadas en el territorio.
Sin embargo, el informe científico pone de relieve que la proyectada reforma de la ley de transporte cuestiona este modelo empresarial hasta el punto de hacerlo inviable, sin que existan justificaciones a dicha actuación legislativa limitativa, “asestando un duro golpe a las cooperativas de transporte y la posible destrucción de los más de 20.000 puestos de trabajo que dependen de ellas”. Por ello el informe concluye que la reforma de la ley elaborada por el Ministerio de Fomento “puede producir daños importantes injustificados en personas, bienes, acreedores y generar una elevada e innecesaria conflictividad y movilización social en contra de la ampliación de tales medidas, además de provocar un perjuicio para la economía regional y nacional muy considerable” por lo que la reforma se considera “injustificada jurídica, social y económicamente”.
