El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila reclamó en una entrevista en el programa El món a RAC-1, «coherencia» al Estado y afirma que «si el Estado libera en 2019 el peaje entre Tarragona y Alicante en la AP -7, es evidente que en 2021 también se deberá liberar el tramo de Tarragona a La Jonquera».
Por otra parte, el conseller Vila criticó la nacionalización de las radiales de Madrid y denunció que los ciudadanos de Catalunya tengan que sufragar la deuda acumulada por estas vías, fruto de «una pésima planificación y gestión, donde se han construido autovías junto a autopistas y los presupuestos se han desbocado».
El conseller de Territorio y Sostenibilidad sostiene que la política de peajes del Estado «está haciendo aguas» y , en este sentido, «las autopistas radiales de Madrid encarnan como ningún otro este modelo, agregó. Así, Vila ha denunciado que «mientras los catalanes seguimos pagando las autopista , ahora con nuestros impuestos además deberemos pagar sus despropósitos».
Liberalizar la AP-7 será un revulsivo para la economía valenciana
Por su parte, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, que se ha congratulado del anuncio del Ministerio de Fomento de la liberalización de la AP-7 en 2019, afirma que «será un revulsivo para la economía valenciana».
Según Bonig, «esta autopista que discurre entre Tarragona y Alicante es una infraestructura clave para la fachada mediterránea y para optimizar los recursos de que disponemos, tanto territoriales como funcionales y económicos. Su repercusión en la vertebración y la economía de la Comunitat Valenciana es comparable a los efectos positivos que tendrá el Corredor Mediterráneo».
El secretario general de Infraestructuras de Fomento, Manuel Niño, anunció recientemente que el Ministerio no tiene previsto prorrogar el periodo concesional de la autopista de peaje AP-7 que finaliza el 31 de diciembre de 2019. Por lo tanto, a partir esta fecha, y tras 50 años en régimen de concesión, la gestión y explotación de esta autopista revertirá a la Administración General del Estado.
En este sentido, Bonig afirma que «la autopista ya se ha amortizado por el concesionario y que, en el momento que revierta al patrimonio común, podrá ser utilizada por más conductores particulares y empresas de transporte». De esta forma, «se reducirá la presión que actualmente existe sobre las carreteras N-340 y N-332, con el consiguiente reducción de las congestiones de tráfico que se registran en numerosos tramos, y lo que es muy importante, de los índices de siniestralidad vial».
