Ante las convocatorias de manifestaciones por parte de los payeses catalanes, en primer lugar debemos solidarizarnos como sector con la problemática del campo catalán. Los bajos precios, la competencia desleal de países terceros y el exceso de burocracia, entre otros, no son un problema exclusivo de los agricultores y ganaderos, pues el sector del transporte de mercancías por carretera también padece dichas circunstancias.
Desde el pasado mes de diciembre, los transportistas vienen soportando con absoluta impotencia las movilizaciones que viene llevando a cabo una parte del sector agrario a un lado y otro de la frontera. En los años 2024 y 2025 ya sufrimos los efectos por las convocatorias de movilizaciones del campo catalán, millones de euros de pérdidas en el sector del transporte de mercancías por carretera y lo que es fue más grave y preocupante, miles de transportistas retenidos en las carreteras en condiciones inhumanas, sin posibilidad de volver a sus casas. Una vez más las carreteras catalanas e infraestructuras criticas como el Puerto de Tarragona, se han convertido en el objetivo de los agricultores y ganaderos, y los transportistas volvemos a ser los rehenes de sus legítimas reivindicaciones.
Frente a esta nueva convocatoria de bloqueos, las federaciones catalanas de transportistas de carretera CETCAT y COT, queremos denunciar la connivencia de la Generalitat de Catalunya con dichos cortes, al autorizar dichas movilizaciones sin garantizar el derecho fundamental a la libre circulación de personas y mercancías por la red viaria.
Por todo ello es imprescindible la actuación urgente de la Conselleria de Interior y de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que, debiendo velar por el legítimo derecho de manifestación, también debe garantizar la libre circulación de personas y que no se ponga en riesgo la seguridad e integridad de los profesionales y trabajadores del transporte de mercancías por carretera.
En caso contrario, las organizaciones de transportistas de carretera CETCAT y COT exigiremos las correspondientes responsabilidades políticas y compensaciones por las pérdidas causadas, tanto a los convocantes de las movilizaciones, como a la propia Administración por su connivencia.
