PIPE es la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles, creada con el objetivo de convertirse en una referencia de opinión dentro del sector portuario español, proponiendo cambios y mejoras para promover la competitividad, el desarrollo y la sostenibilidad de este importante sector dentro de la economía española.
La plataforma está formada por seis grupos empresariales que han invertido en el sistema portuario español, y cuyas instalaciones se encuentran en los principales puertos españoles. Los miembros de PIPE están presentes en todas las Autoridades Portuarias, y son: Algeposa, Bergé, Ership, Group Maritim TCB y Noatum Ports. Todas estas empresas comparten como negocio la explotación de concesiones portuarias en operaciones de estiba y desestiba en más de 33 puertos españoles.
Desde la Plataforma ponen de manifiesto que la caída de los tráficos experimentada a partir del año 2009 –y que no se ha empezado a recuperar hasta este año–, ha generado que los planes de rentabilidad de los inversores privados se hayan visto seriamente incumplidos. Dado que el volumen de pérdidas ya no es recuperable, la única vía de restituir los valores de rentabilidad sería extender los plazos de concesión, medida que tiene escaso impacto en las cuentas del sistema portuario.
Retos
La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles ha identificado los principales retos que son necesarios afrontar para asegurar la rentabilidad sostenible de los inversores portuarios y el futuro del sector:
- Necesidad de adecuar las condiciones de las concesiones actuales a la situación económica en el corto plazo y de modificarlas en el medio plazo.
- Asegurar la competitividad del sistema para garantizar la permanencia de los tráficos en nuestros puertos.
- Fomentar un cambio legislativo que permita un mayor control sobre el personal de estiba.
Asegurar la competitividad
La estrategia de fomento de la competencia inter-puertos aplicada al sistema portuario ha dado excelentes resultados en el contexto de tráficos crecientes. Esta estrategia ha provocado la implantación de procesos más eficientes que han conseguido que se alcancen altos niveles de competitividad. Sin embargo, en el contexto actual la misma estrategia es cuestionable. En un entorno de sobrecapacidad, es necesaria una visión más global que garantice que las inversiones que se realizan, no perjudican la rentabilidad de los operadores portuarios como principales inversores y sean garantes del desarrollo del sistema portuario español.
Este exceso de capacidad en el sistema, no se está viendo acompañado por el aumento de tráficos, por lo que las Autoridades Portuarias concentran sus planes en competir contra otros puertos nacionales y cadenas logísticas. Las Autoridades funcionan de forma autónoma y descentralizada con respecto a Puertos del Estado con una intervención mínima de este. De esta manera, no es posible asegurar la competencia en igualdad de condiciones entre puertos y supervisar la implantación de una estrategia a nivel nacional.
En otros sectores, la responsabilidad de las administraciones públicas figuran en la ley mediante la existencia del rescate concesional. En cambio, en el sector portuario, son raras las concesiones que incluyen esta clausula en sus contratos. En España, la medición de la eficacia del sistema portuario se argumenta en base a los volúmenes de los tráficos y los ratios de gestión relativos a las Autoridades Portuarias. Éstas tienen un modelo de negocio que no depende de los resultados económicos o de la rentabilidad del sistema. Está basado en la ocupación de terrenos en las terminales por parte de los operadores y favorecidos por los tráficos mínimos fijados en las mismas.
En la valoración del desempeño de las autoridades, no se está considerando la evolución de los precios, la rentabilidad de los actores, la productividad real de los operadores o la efectividad de las inversiones, tanto públicas como privadas. Por todo ello, la situación económica de los puertos parece estar basada en la situación de los tráficos de importaciones y exportaciones del país o en la calidad de las infraestructuras, sin prestar atención a la necesidad, a su utilidad y a la mejora de la calidad a través de la mejora de la eficiencia y la productividad.
Propuestas de mejora
- Prolongar los plazos de las concesiones actuales hasta 50 años, para permitir a los operadores portuarios recuperar las inversiones realizadas con rentabilidades razonables.
- Reducir el valor de las tasas de ocupación y repercutir en ellas la caída de valor que han sufrido los suelos en España. A medio y largo plazo, reformular el método y los criterios de valoración de suelos desindexándolo del valor para usos urbanísticos y logísticos. Aplicar reducciones en el resto de tasas para ganar competitividad.
- Priorizar la buena utilización de la capacidad existente sobre la concesión de nuevos espacios para actividades competitivas y, en cualquier caso, homogeneizar el valor de las tasas dentro de un mismo puerto para poder competir en igualdad de condiciones frente a nuevas concesiones.
- Permitir la revisión de las condiciones de las concesiones para eliminar los tráficos mínimos y adecuar las inversiones exigidas cuando la demanda existente no permita rentabilizar en dichas condiciones. Para los casos de concesiones en situación económica comprometida, poner en marcha medidas de excepción respecto a las condiciones económicas que eviten la quiebra de éstas e incorporar clausulas para instar el re-equilibrio concesional.
- Clarificar los criterios a tener en cuenta a la hora de planificar las inversiones de cada Autoridad Portuaria en el conjunto del sistema portuario, adecuándolas a las necesidades globales del sistema. Evitar inversión pública en infraestructura no necesaria.
- Solicitar a las autoridades mayor implicación para garantizar la prestación de los servicios portuarios.
- Bonificar las tasas de ocupación y actividad a los operadores portuarios de manera que puedan realizar rentabilidad es atractivas manteniendo competitividad, especialmente en los tráficos volátiles de transbordo.
- Promover la mejora de eficiencia del resto de servicios portuarios, tanto en su coste como en la calidad y eficacia, con el objetivo de reducir los tiempos de estancia de buques.
- Definir y regular las obligaciones y los niveles de servicio a cumplir por los estibadores, medir su cumplimiento y asegurar la aplicación estricta de la ley en los puertos. Implicación directa por parte de la Administración del Estado.
- Asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que los estibadores ejercen su derecho a la huelga y asegurar el cumplimiento de servicios mínimos.
