La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), ha emitido un comunicado referido a la publicación por parte de la Comisión Europea del nuevo Libro Blanco denominado “Hoja de Ruta para una única área de transporte europea. Hacia un sistema de transporte competitivo y eficiente con los recursos”.
En el comunicado, ASTIC lamenta que el nuevo Libro Blanco pretenda imponer coactivamente los mecanismos de tarificación de infraestructuras para alcanzar repartos modales irrealizables.
ASTIC, asociación representativa del transporte internacional por carretera español rechaza de forma firme el nuevo Libro Blanco de la Comisión, por entender que reincide en una perspectiva sobre la política del transporte fracasada por estar basada en premisas falsas y tener objetivos irrealizables.
La Comisión pretende que el transporte ferroviario de mercancías y por aguas interiores alcance un 30% del conjunto del transporte de más de 300 Km para el año 2030 y el 50% para el año 2050.
El comunicado de ASTIC continua diciendo que el Libro Blanco del 2001, que pretendía desvincular el crecimiento económico del transporte por carretera a través de la transferencia al ferrocarril no parece haber alcanzado sus objetivos. En Toneladas Kilómetro el transporte ferroviario de mercancías, según las cifras de Eurostat es del 16,5% en toda la UE, y en franco retroceso durante los últimos años ya que en el 2001 era del 18,8%. En España el transporte ferroviario ha bajado del 6,8% en el año 2001 al 3,4% en la actualidad, si lo medimos en Ton x Km. Si lo medimos en Toneladas, sobre el total de todos los modos de transporte, no llega al 1%.
ASTIC apoya “decididamente la intermodalidad y la comodalidad, pero haciendo, a todo el sistema ferroviario y a todo el sistema marítimo, más eficaz, más competitivo en costes, quitando las ineficiencias y eliminando la intervención pública, pero no maniatando a la carretera.
La pretensión de seguir insistiendo en los mecanismos de tarificación de infraestructuras como vía de trasvase modal, haciéndolos obligatorios, supondría un perjuicio importante, no sólo para los operadores, sino para el conjunto de la economía de los países periféricos”.
Según un reciente estudio de la IRU, presentado en septiembre de 2010, si todos los países de la UE aplicaran los mecanismos que propuso la Comisión en su última propuesta de modificación de la Directiva de Tarificación de Infraestructuras habría dos países que saldrían ganado en todos los escenarios por encima de 20.000 millones de euros anuales, Francia y Alemania. España saldría perdiendo alrededor de 45.000 millones de euros anuales.
