ASTIC, Asociación del Transporte Internacional por Carretera, considera que la repercusión con carácter obligatorio de la ecotasa a los cargadores, que Francia pretende implantar sin que en España se unifique este procedimiento, es otro ejemplo de la falta de unión en el mercado europeo del transporte por carretera.
Recientemente el Gobierno francés, tras numerosas reuniones con los agentes implicados, ha adoptado las disposiciones necesarias para una puesta en marcha responsable de la ecotasa, presentando un mecanismo de aumento del precio de la prestación de transporte de mercancías por carretera con el fin de permitir a los transportistas repercutir a sus clientes el coste de la tasa.
Además, se ha comprometido a poner todos los recursos del Estado para llevar a la práctica este suplemento legal, ya que desde la FNTR (Asociación francesa de transportistas) se teme que algunos cargadores logren burlar la ley y el sistema establecido para la repercusión.
Esto es consecuencia de la consideración del carácter estratégico del sector en Francia, que a través de la repercusión obligatoria evita que los transportistas franceses se vean perjudicados por la nueva tasa.
Desde ASTIC, se advierte que esta medida tiene un gran impacto para la gran mayoría de las empresas españolas de transporte internacional por carretera que viajan o transitan por Francia en el desarrollo de su actividad, ya que en un entorno económico desfavorable como el actual, la no obligatoriedad de repercutir este cargo en España hace que muchos transportistas se vean obligados a asumir su coste para aumentar la competitividad, aunque esto suponga una reducción de sus ya de por sí deteriorados márgenes.
ASTIC reitera su apoyo a los transportistas afectados por este tipo de disparidades normativas y, una vez más, solicitará a la administración española que tome una postura clara al respecto de esta normativa y que proteja los intereses de los transportistas españoles que deben transitar por Francia.
Ramón Valdivia, director general de ASTIC, espera que “la Administración española atienda nuestra solicitud, ya que está en juego el normal desarrollo de la actividad laboral de miles de transportistas españoles, que se ven afectados por decisiones que toman los países de manera unilateral sin tener en cuenta al resto de miembros de la Unión”.
