La cuenta atrás ya está en marcha. El 3 de abril de 2026 entran en vigor las obligaciones a las que hace referencia el Artículo 6 de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, un marco que tiene como objetivo principal prevenir y reducir el desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo, mediante una mejor gestión de los excedentes, con especial énfasis en la planificación, la donación y los mecanismos de control y seguimiento asociados a los convenios de donación.
En un contexto de mayor exigencia y control, Phenix, líder europeo en la lucha contra el desperdicio alimentario, comparte una guía operativa para que organizaciones de retail, industria y canal Horeca se adapten de manera eficaz, sostenible y rentable.
“Todas estas medidas que entran en vigor no deberían verse sólo como una obligación normativa o un Plan de Prevención formal, es una oportunidad real que nos ofrece herramientas útiles, sencillas y aplicables en el día a día de las empresas: una hoja de ruta clara, con objetivos definidos, KPIs medibles y responsables asignados que garanticen su seguimiento y actualización”, señala Antonio Díaz Otero, director de grandes cuentas en Phenix España.
Qué cambia a partir del 3 de abril de 2026
La ley establece la obligación de aplicar una jerarquía de prioridades para prevenir y gestionar los excedentes alimentarios. En la práctica, prevenir implica mejorar la planificación de las compras, ajustar la producción y la gestión del stock a la demanda y fomentar la transformación de los productos no vendidos en nuevos, entre otros aspectos, para prevenir en origen la generación de excedente que luego se desperdicia. Cuando el excedente no puede evitarse, se prioriza su aprovechamiento mediante la donación para consumo humano y, de forma sucesiva, la donación para alimentación animal, su uso como materia prima en otras industrias, el compostaje y, en última instancia, la valorización energética.
Además, las empresas deberán disponer de un Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario que detalle las medidas adoptadas, la jerarquía aplicada y los mecanismos de seguimiento. En concreto, la norma prohíbe expresamente cualquier cláusula contractual que limite la donación de alimentos, que será considerada nula.
Por otro lado, también entra en vigor la obligatoriedad de promover acuerdos o convenios de colaboración con entidades benéficas para destinar su excedente para la alimentación humana, excepto en casos que resulte completamente inviable y quede justificado.
Los convenios deben incluir las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, los compromisos de los agentes de la cadena y, por último, la posibilidad de que la organización receptora rechace la donación de una manera justificada.
Se plantearán excepciones para microempresas, pequeñas explotaciones agrarias y establecimientos de hasta 1.300 m² de superficie, salvo que esta se supere de forma conjunta bajo el mismo CIF.
Cómo cumplir sin complicaciones
Desde Phenix destacan que cumplir con la ley no requiere procesos complejos, sino un enfoque estructurado y medible. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Realizar un diagnóstico inicial para medir las pérdidas y el desperdicio alimentario y ver donde se genera.
- Definir un plan de acción respetando la jerarquía legal que incluye objetivos medibles, y KPISs clave.
- Digitalización e integración de los procesos de donación para obtener datos en tiempo real y optimizar la toma de decisiones.
- Nombrar a una persona responsable de coordinar y hacer el seguimiento de los KPIs.
- Seguimiento constante y mejora continua para una mejor eficiencia operativa y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento legal presente y futuro.
Este enfoque práctico ya se traduce en impacto real. En 2025, gracias a su trabajo coordinado con retailers, industria alimentaria, cadenas hoteleras, restauración y entidades sociales, Phenix ha logrado redistribuir el equivalente a más de 20.000 carritos de la compra, contribuyendo a garantizar miles de raciones de alimentos y ayudando a alimentar a numerosas familias en situación de vulnerabilidad, al tiempo que impulsa un modelo más sostenible y socialmente justo.
Donación, trazabilidad y ventajas fiscales
La ley refuerza el papel de la donación como vía prioritaria, siempre que los productos sean aptos para la donación con destino a consumo humano y se garantice en todo momento la seguridad alimentaria. En el marco de los convenios de colaboración para la donación de alimentos, estos deben recoger de forma clara las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos donados, así como los compromisos y responsabilidades de cada uno de los agentes de la cadena.
Aunque las donaciones no se consideran un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades, sí permiten aplicar deducciones fiscales en la cuota cuando la entidad receptora cumple los requisitos de la Ley 49/2002, lo que actúa como incentivo para canalizar excedentes alimentarios hacia un uso social.
“La Ley de desperdicio alimentario no solo busca reducir pérdidas, sino optimizar recursos, mejorar la reputación corporativa y generar impacto social, medioambiental y económico positivo para todos”, concluye Antonio Díaz Otero. “Prepararse con antelación y adoptar medidas prácticas permitirá a las empresas cumplir con la normativa y gestionar sus excedentes de forma eficiente y responsable, ganando competitividad de manera sostenible”.
