En un comunicado, Fenadismer exige al Gobierno Central y a las Comunidades Autónomas un Plan de actuación contra el actual intrusismo y competencia desleal que sufren las empresas transportistas españolas.
A mediados del pasado mes de diciembre, en la reunión anual con los representantes del Ministerio de Fomento y de las 17 Comunidades Autónomas el presidente de Fenadismer planteó a todas las Administraciones Públicas la necesidad de corregir los actuales focos de intrusismo y competencia desleal que sufren las empresas transportistas españolas.
Por un lado, Fenadismer cree que debe perseguirse “la actuación que llevan a cabo flotistas españoles deslocalizándose y despidiendo en España a todos sus conductores para continuar operando en nuestro país bien contratándolos como falsos autónomos a través de sociedades instrumentales o interpuestas o bien a través de empresas de transporte que constituyen en países del Este de Europa (especialmente Rumanía y Bulgaria) contratando a conductores de dichos países en condiciones económicas precarias, lo que provoca una situación de verdadero dumping económico y social”.
Ante ello, Fenadismer exige el establecimiento de un Plan coordinado de inspección de ámbito nacional con la intervención de los Ministerios de Hacienda, Economía, Empleo y Fomento que combata dichas irregularidades e ilegalidades empresariales.
Por otro lado también pide un “control efectivo del transporte interior (cabotaje) realizado por empresas de transporte europeas en España a fin de que se exija el cumplimiento estricto de la normativa fiscal, laboral y administrativa española a dichas empresa extranjeras”.
Otro punto reivindicado es el “rechazo de la medida desregulatoria contemplada en el proyecto de modificación de la ley de transporte respecto del transporte ligero, que va a provocar la aparición de una importante bolsa de fraude y de contratación irregular”.
Finalmente, Fenadismer insta “al Ministerio de Industria y a los organismos de control de la competencia para que controle de forma eficaz la actual ineficiencia de las compañías petrolíferas españolas, que provoca un incremento artificial de los precios finales del carburante que pagan los transportistas, por la existencia de prácticas colusorias entre las 3 principales petroleras”.
