El lunes 11 de noviembre en la sede de la Comisión Europea en Madrid secelebró la II Cumbre Político-Empresarial, organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER, con el objetivo de analizar y debatir sobre la actual situación de los plazos de pago en nuestro país y dentro del contexto europeo.
En la Cumbre, inaugurada por el Ministro de Hacienda Cristobal Montoro, se evidenció que España es el tercer país con mayor morosidad de la Unión Europea, por detrás de Grecia e Italia, con 99 días de media de retraso en los pagos por los servicios prestados, lo que supone una deuda comercial actual de 334.586 millones de euros, lo que afecta muy negativamente a la competitividad de las empresas, de tal modo que para las empresas supone un coste de financiación de hasta un 167% superior (ejemplo de una empresa que cobra a 120 días frente a otra que cobra a 45 días de media).
Durante la Cumbre se destacó también que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad en la que se ha establecido un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, y además incorpora una norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pactado entre las partes supere los 60 días naturales. Es clara, por tanto, la voluntad del legislador de reducir los plazos de pago en las operaciones comerciales estableciéndolos de manera legal. Sin embargo, la falta de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de dicha prohibición permite, de hecho, la carencia de efecto real de la norma, provocando una mayor tensión en las relaciones comerciales.
Por todo ello, las organizaciones que componen la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad exigen a los Grupos Parlamentarios el establecimiento de un régimen sancionador, tomando como referencia el existente en otros países. Así en el caso de Francia, su régimen sancionador contra la morosidad está siendo modificado en la actualidad para incrementar la cuantía de las sanciones, hasta los 350.000 euros en caso de incumplimiento, el cual será controlado mediante la dedicación de un cuerpo de 120 inspectores especializados en la lucha contra la morosidad.
Durante la intervención de los Grupos Parlamentarios, los portavoces de los diferentes partidos políticos (Vicente Martínez-Pujalte por el Partido Popular, Valeriano Gómez por el Partido Socialista, Josep Sánchez i Llibre por Convergencia y Unión y Alfred Bosch por el Grupo Mixto) manifestaron la necesidad de adoptar medidas efectivas para luchar contra la morosidad actual por lo que se comprometieron de forma unánime a promover una reforma legal para introducir un régimen sancionador que disuada de las actuales prácticas abusivas en materia de pagos.
En la clausura, el Secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, insistió en la necesidad de que se lleve a cabo un cambio cultural en nuestra sociedad en relación a la morosidad, para lo que las Administraciones Públicas deben dar ejemplo eliminando los actuales niveles de déficit que mantienen, para lo que se están aprobando diferentes leyes para actuar en dicho ámbito. Por su parte, el Director General de Industria y Empresa de la Comisión Europea, Daniel Calleja, recordó que la morosidad ha llevado a la quiebra en Europa a un 25% de las empresas, y en España a un 33% de las empresas, y la destrucción de más de 450.000 empleos. Por ello, la Comisión Europea ha priorizado luchar contra la actual situación de morosidad, ya que ello permitiría inyectar más de 180.000 millones de euros en la economía europea, para lo cual van a llevar a cabo medidas de control del cumplimiento de la legislación europea sobre morosidad.
